No todos son iguales y sí hay por quién votar: votaré por Jorge Robledo (POLO) 1

Por: Yeilor Rafael Espinel Torres
Politólogo Universidad Nacional
Comunicaciones PDA-Cundinamarca

Comienzo por señalar que, a pesar de que comprendo algunas razones y comparto la indignación de algunos sectores sociales frente a la clase política tradicional, no creo que los efectos jurídicos del voto en blanco para el Congreso sean una garantía de renovación política para el país. Incluso, a pesar de lo que digan, sus efectos pueden ir en contravía del sentir de algunos de sus promotores. Por ejemplo, y aun cuando estoy absolutamente seguro de que el Polo Democrático Alternativo, único partido de oposición en Colombia, superará con creces el umbral, lo cierto es que, en la actual coyuntura nacional y electoral para el congreso, el voto en blanco no solo favorece a los partidos tradicionales sino que puede golpear seriamente a algunos candidatos independientes.

Reflexionemos un poco la situación. De un potencial electoral de casi 30 millones de personas, solo14 millones de colombianos ejerce su voto. De estos 14 millones aproximadamente unos 10 millones de ellos vota por los partidos de la Unidad Nacional y otras maquinarias electorales; mientras que los 4 millones restantes le apuestan al voto de opinión y de conciencia. Descontada desde un inicio la abstención, esta última franja de opinión la comparten el POLO, algunos independientes y algunos  promotores del blanco.

Esta radiografía electoral que debemos transformar, se ha profundizado gracias a la última reforma política (2011) y a una conducta clientelar que ha estado amarrada a lo que hoy se ha bautizado como la “mermelada reeleccionista”. Lo cual no es otra cosa que la adjudicación de millonarios contratos públicos al filo de iniciar la Ley de garantías, muchos de ellos dirigidos posiblemente a grandes caciques electorales y que explica algunos de los delitos electorales más frecuentes como la compra (venta) del voto; el constreñimiento del sufragante; la alteración de resultados electorales; el ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas y la denegación de inscripción, entre muchas otras maniobras politiqueras. Prácticas todas relacionadas de una forma u otra con algunos sectores al interior de los partidos de la Unidad Nacional y otras maquinarias electorales. Es entonces en este ambiente desfavorable y hostil donde verdaderos demócratas como Robledo y los candidatos del POLO deben batallar voto a voto solo con el poder de la palabra y la razón.

Siendo este el estado de cosas, hoy nos tropezamos con el más seductor de los artificios que nuestro sistema político y electoral haya podido crear, el voto en blanco. Como si no fuera suficiente el contexto narrado anteriormente, hoy se levanta, en la eventualidad de ganar el voto en blanco, una amenaza potencial para aquellos que en el marco de la lucha política civilista y con escasos recursos económicos se ponen al frente de las justas luchas sociales, se oponen a los designios de Washington, critican al modelo económico neoliberal, buscan la transformación real del país y dependen del voto de opinión para ser elegidos.

Veamos pues cómo funciona el voto en blanco en Colombia. Tanto en las elecciones uninominales (Presidencia, Gobernación, Alcaldía) como en la plurinominales (Senado, Cámara de Representantes, Asambleas departamentales y Concejos municipales-distritales) si la opción “Blanca” gana con mayoría simple, es decir, tan solo un voto por encima del candidato con mayor votación, según el Parágrafo 1º (Modificado por el art. 9, Acto Legislativo 01 de 2009) del Artículo 258 de la Constitución Política, se deberán repetir las elecciones con diferentes candidatos. Pero ojo, en el caso de las elecciones para el Congreso, los comicios se repetirían solo con los candidatos nuevos de los partidos que hayan sobrepasado el umbral, que en la actualidad es del 3% del censo electoral (Aproximadamente de 450.000 votos). Ahí está el quid del asunto.

Aclaremos algo. La existencia del umbral ya es por sí misma una restricción de corte antidemocrático, pero si le agregamos a ello los efectos jurídicos del voto en blanco, podemos estar ad portas de tener, en contravía incluso del deseo de muchos indignados, un Congreso santista y plagado del unanimismo neoliberal-clientelar que tanto daño le hace al país. No nos podemos equivocar en eso, el voto en blanco para el Congreso no ataca ni debilita a ningún corrupto, al contrario les sirve porque temen el ascenso de algunos candidatos alternativos y de aquellos que provengan de la oposición.

En días recientes debatía en un evento de la Universidad de San Buenaventura con el exmagistrado, expresidente de la Corte Constitucional,  excandidato presidencial por el partido Liberal Colombiano y promotor del voto en blanco Jaime Araujo Rentería sobre este tema y lamentablemente, a pesar de coincidir en parte con su diagnóstico y la indignación frente a la clase política tradicional, no logramos ponernos de acuerdo en dos aspectos: 1) en que todos los políticos sean iguales y 2) que esta iniciativa  sea la solución. Algunas de las razones que justifican mi doble desacuerdo con el Dr. Araujo ya los he expuesto, pero las sintetizaré de la siguiente manera:

No votaré en blanco para el Congreso por tres razones. Primero, porque esta opción tal como está concebida no solo deja intacto el estado de cosas existentes sino que las reafirma; segundo, pone en riesgo a la verdadera oposición política en Colombia y algunos independientes, consolidando el unanimismo clientelar de Santos en el Senado y Cámara, y tercero, porque a diferencia de él, tengo la firme convicción de que hoy en Colombia si hay por quien votar.

No todos son (somos) iguales. Si uno hace un análisis riguroso del desempeño de gran parte de los políticos que hoy se presentan a elecciones, se da cuenta que a pesar de que haya una mayoría Santista que le conviene reelegir las “Locomotoras del Subdesarrollo”, la antes llamada seguridad democrática, la confianza inversionista y una política social asistencialista, y que para ello están dispuestos a comprar y vender conciencias, existen los hombres y las mujeres del POLO que han probado en el discurso y la práctica su compromiso con el país en la defensa de la soberanía, la democracia, el trabajo y la producción nacional. Como lo han demostrado frente a los TLC, en su vinculación al paro agrario y cafetero, en la MANE en defensa de una educación pública, gratuita y de calidad y con el movimiento Batas blancas en defensa de la salud, entre muchos otros casos.

En ese orden de ideas tengo la certeza como ciudadano, analista político y miembro del POLO que votar por  mujeres y hombres como: Clara López Obregón –a la Presidencia de la República-,  Jorge Robledo -Senado (POLO) 1-, Sergio Fernández -Cámara por Bogotá (POLO) 111- y en Cundinamarca por cualquiera de los siguientes candidatos: Juan Pinzón -Cámara (POLO) 101-, América Ardila -Cámara (POLO) 102-, Cecilia Torres -Cámara (POLO) 103- y Gerardo Rivera -Cámara (POLO) 105- es la mejor decisión para Colombia, Bogotá y Cundinamarca. Este domingo 9 de marzo votaré muy temprano por ellos porque los conozco, confío en ellos, me representan y han sido coherentes con el ideario del POLO al atar su vida al destino e intereses de la nación.

Cundinamarca, 8 de marzo de 2012

NO a la Privatización y Mercantilización del Colegio Mayor de San Bartolomé

Yeilor Rafael Espinel Torres *

Paola Andrea Rodríguez Vargas **

Hoy el Colegio Mayor de San Bartolomé, patrimonio histórico de la ciudad y la nación, padece una historia similar a la que acabó de vivir la ETB. En otras palabras, al San Bartolomé lo quieren privatizar.

Todo inició el martes 8 de marzo con el anuncio realizado por la Ministra de Educación Nacional -MEN- María Fernanda Campo Saavedra al noticiero CMI sobre la “suspensión del auxilio de 3000 millones de pesos que desde hace más de veinte años se otorga al colegio, por disposición del Consejo de Estado”. Así mismo, la ministra reveló que "...el Consejo de Estado emitió un concepto jurídico en el sentido de que siendo el Colegio San Bartolomé una institución privada, no puede recibir recursos públicos". Según CMI la funcionaria afirmó que "La teoría de que una ley ordenó ese auxilio durante 90 años fue considerada no válida, al existir sobre el tema una nueva jurisprudencia".

El Colegio, aunque administrado por un operador privado, es un colegio que presta un servicio público ya que sólo cobra a sus estudiantes un monto anual correspondiente al valor de la matrícula y su fuente principal de financiamiento es el presupuesto nacional. Lo anterior en virtud al convenio No. 250 de 2009 que señala, entre otras cosas, que sólo se podrá cobrar un valor por concepto de matrícula, la cual es “...autorizada por la Secretaría de Educación Distrital -SED-, tal como lo contempla el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No 58, del 16 de abril de 1984, cuya duración es de 90 años, suscrito por el Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Colegio Mayor de San Bartolomé”.

La Fundación Colegio Mayor durante los últimos veintisiete años ha funcionado con el auxilio que le otorga el gobierno, y con él cumplir lo que denomina el convenio No. 250 como “la razón de ser” del Contrato de Prestación de Servicios Educativos, que no es otra cosa que “...prestar el servicio educativo en los niveles de educación preescolar, básica y medida (...) a población escolar de los estratos 1, 2 y 3.” Tarea que se ha cumplido hasta el momento en medio de múltiples amenazas de privatización desde el año 2004. Lo que realmente denota las palabras de la ministra es el interés del gobierno por un lado, en ahorrarse un dinero y por otro, generar oportunidades de negocio en el sector, adecuando cada vez más el sistema educativo a las exigencias del capital financiero y los Tratados de Libre Comercio.

El pasado 7 de Junio el Ministerio de Educación Nacional y las directivas del colegio, suscribieron un nuevo convenio que implica un acuerdo tripartito entre el MEN, la SED y la Fundación Colegio Mayor de San Bartolomé para la financiación de esta institución educativa sólo para este año que incluye al parecer, el cobro de matriculas y pensiones a partir del 2012 con criterios comerciales. Aunque no hay mayores claridades frente a este acuerdo y no ha sido difundido públicamente, es evidente que existe, al igual que en el caso de la ETB, un interés del gobierno nacional en su privatización tal como lo demuestran las acciones adelantadas por la alcaldesa designada durante su corto periodo de gobierno.

Es urgente conocer el texto y acuerdos a los que se llegaron en este nuevo convenio, ya que el hecho de exigir el pago de una mensualidad alta, no solo terminará de privatizar el colegio sino que mercantilizará sus servicios educativos, imposibilitando el cumplimiento de “la razón de ser” que le consagra el convenio No. 250 de 2009; haciendo que casi el 50% de estudiantes y aspirantes desistan de continuar.

Además, el gobierno nacional debe explicar, si para la fecha en que se firmó el convenio (07-06-2011), la señora María Fernanda Campo actuó como Ministra de Educación, como Alcaldesa designada o como representante de las dos. Recordemos que el 2 de mayo de 2011 el Presidente Juan Manuel Santos, designó a la Ministra de Educación, como alcaldesa provisional de Bogotá. Posteriormente el 23 de mayo, para apresurar y facilitar la venta de acciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), el Ministro del Interior y de Justicia, decretó el nombramiento de Cristina Plazas secretaria del Consejo de Ministros como 'alcaldesa ad hoc' exclusivamente para radicar el proyecto de acuerdo que pretendía vender la ETB, ya que la señora Ministra estaba impedida por tener acciones en esta empresa. A pesar de ese relevo temporal, la señora Campo funcionó como Ministra de Educación y como Alcaldesa de Bogotá de manera simultánea hasta el 9 de junio, día en que se posesionó Clara López Obregón.

Si en el caso del Colegio Mayor la ministra ejerció ambas funciones de manera simultánea y no convocó a la SED, esto no tiene presentación y debe ser investigado. Si fue así, se repite la táctica aplicada a la ETB y se evidencia nuevamente el oportunismo del gobierno nacional en profundizar políticas privatizadoras en Bogotá.

Cinco meses después de la noticia de suspensión del auxilio presupuestal y casi dos meses después de la firma del convenio, las directivas del Colegio informan a estudiantes y padres de familia el cobro de matrículas y pensiones por un valor aproximado de $350.000, para alumnos antiguos y nuevos a partir de 2012.

Vista así la situación, esta es una clara muestra de la privatización (mercantilización) impuesta por el gobierno nacional y de la vulneración al derecho a la educación de los casi 2000 estudiantes (1800 diurnos y 200 nocturnos) que con tanto esfuerzo, sacrificio y merito lograron un cupo; y a los cerca de 600 aspirantes de estratos 1, 2 y 3 que se sometieron al proceso, aprobaron el examen y hoy son sorprendidos con el cambio de condiciones y ven frustrados sus sueños de ingresar el próximo año.

Actualmente un grupo de padres de familia de estudiantes y aspirantes, a través de la red social facebook, resisten y buscan reversar la privatización y defender el derecho de sus hijos a una educación pública, gratuita y de calidad. Es el momento de rodear a las casi 2600 familias afectadas y luchar en defensa de tan importante colegio para la ciudad y el país.

* Magister en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana y miembro del PDA-Localidad la Candelaria yrespinelt@gmail.com

** Comunicadora Social-INPAHU, madre de familia afectada y miembro del PDA-Localidad la Candelaria .

A un año de la negación del Referendo por el Agua.

Hola, cordial saludo.

El Blog Ciencia Política Colombiana, reproduce a continuación la siguiente "Carta abierta al Pueblo Colombiano" donde una serie de organizaciones y personas se manifiestan frente al infortunio de millones de Colombianos frente al derecho al agua, a un año de la presentación de un referendo por el derecho fundamental al agua que finalmente fue negado por el gobierno neoliberal del Presidente Álvaro Uribe y que hoy el gobierno de, presidente Juan Manuel Santos profundiza a través del plan nacional de desarrollo.

Agradecemos su adhesión a esta importante iniciativa y les invitamos a continuar en la defensa del líquido vital como un derecho fundamental, como muy bien lo han venido haciendo los acueductos comunitarios en su proceso de organización nacional y las organizaciones sociales contra la gran minería transnacional.

Si quieres adherir al mismo o tu organización quiere hacerlo, háznoslo saber al correo rafaelcolmenaresf@yahoo.es

CARTA AL PUEBLO COLOMBIANO

Un año después de que la Cámara de Representantes negara el Referendo por el Derecho Humano al Agua los problemas de acceso al agua potable y de gestión del ciclo hidrológico en el territorio nacional se han agudizado, al tiempo que los Planes Departamentales de Agua, publicitados por el gobierno anterior y continuados por el actual como “la solución”, naufragan en un mar de corrupción e ineficiencia.

Hace pocos días fue revelado el informe de la Contraloría General de la República sobre dichos planes en el cual se concluye que los PDA no son viables, se señala que de 600 municipios inscritos en ellos solo en 200 se construirían las obras de acueducto necesarias, mientras que los 400 restantes pignoraron sus recursos para la ejecución de obras que nunca verán.

El informe revela que de los 1.1 billones de pesos aportados por los municipios, solo se ha ejecutado el 20% y que los principales beneficiados han sido los Bancos en los cuales se encuentran depositados los dineros. Numerosos municipios no tienen como pagar el costo de la fiducia que maneja sus propios recursos. En Departamentos como el Cesar y otros de la Costa Atlántica, pioneros en la ejecución de los PDA, la Contraloría ha encontrado graves episodios de corrupción.

Recordemos que los Planes Departamentales de Agua al igual que el esquema de privatización y mercantilización del agua de la Ley 142 de 1994, fueron esgrimidos por la entonces Viceministra de Agua, Leyla Rojas, como la alternativa a nuestra propuesta de consagrar en la Constitución el derecho humano al agua, el mínimo vital gratuito y la gestión pública y comunitaria del agua. Nuestras iniciativas fueron presentadas por la mencionada funcionaria y la bancada uribista como perniciosas para que el Estado pudiera cumplir de manera planificada con el objetivo de calmar la sed de más de nueve millones de compatriotas. Muchos municipios fueron obligados y chantajeados para que ingresaran a los PDA y los críticos de la iniciativa fuimos calificados de ilusos o extremistas.

Hoy el informe de la Contraloría confirma nuestros pronósticos. Altos funcionarios del Gobierno, algunos de los cuales también formaron parte del gobierno anterior, aceptan que los PDA requieren una reestructuración, que seguramente resultará en un nuevo fracaso pues a lo que no quieren renunciar es al modelo que convierte el agua en una mercancía, y los dineros del Estado y de los ciudadanos en alimento de las jugosas ganancias del sistema financiero.

Entretanto el país continúa inundado, la otra cara de la moneda. En Colombia se padece sed con el agua al cuello. Otra de las propuestas del Referendo era precisamente la de proteger el ciclo hidrológico, destinando los ecosistemas esenciales para dicho ciclo a su función natural, es decir no deforestando las cuencas, no dedicando los páramos a la minería, no desecando los humedales, respetando los territorios étnicos.

La ola invernal que ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de un “modelo de desarrollo” y de urbanización en contravía con la realidad hídrica del país, constituye un desolador escenario en el cual ciudades como Cúcuta y Yopal han visto inutilizados sus acueductos, al igual que numerosas poblaciones ribereñas del Magdalena y otros ríos que arrastran tal cantidad de lodo que hace imposible la operación de las plantas de potabilización. Este problema ha llegado incluso a poner en riesgo el suministro de agua proveniente de la Planta de Tibitoc en Bogotá. Se confirma así que la carencia de agua potable y las inundaciones son un doble desastre y constituyen fenómenos interconectados.

El gobierno sin embargo anuncia una reconstrucción basada en obras de “aconductamiento” del agua: canalizar ríos, dragar, elevar jarillones, construir más represas, etc. Estas seudosoluciones, soportadas en la llamada infraestructura gris y basadas en la creencia de que es la naturaleza la que está equivocada y causa el mal, parecen más encaminadas a favorecer los carteles nacionales y transnacionales de la contratación y al sistema financiero que a resolver los problemas de fondo y demuestran que quienes nos gobiernan no han aprendido un ápice de la lección que estamos recibiendo.

Por ello a un año del portazo que la mayoría uribista dio al Referendo por el Derecho Humano al Agua, reafirmamos que solo una política fundamentada en su reconocimiento, en la gestión pública y comunitaria, sin ánimo de lucro, del servicio público de acueducto y alcantarillado, y en la protección de los diversos elementos del ciclo hídrico (la infraestructura verde), es la única manera de evitar el doble desastre de las inundaciones y la carencia de agua potable.

La legalidad ilegitima de Mockus

Yeilor Rafael Espinel Torres
Politólogo Universidad Nacional
Mg. Estudios Políticos
Profesor e investigador universitario

Lo que está en discusión en estas elecciones es la legitimidad o no del modelo neoliberal, de ahí la importancia de escoger un buen candidato. Debemos hacer memoria y recordar que es precisamente la legalidad del régimen neoliberal en Colombia la que ha condenado a millones de compatriotas a la explotación laboral, al desempleo, la pobreza y la indigencia, legalidad defendida hoy por los candidatos presidenciales que puntean en las encuestas.

No se trata entonces de menospreciar o despreciar la legalidad, sino de ponderar el carácter y efectos de la misma. Mucho menos pretendo con estas palabras hacer una apología a la ilegalidad, ni más faltaba. 

La recurrencia del candidato presidencial Antanas Mockus a la Legalidad nos exige reflexionar dicho concepto a la luz de la Legitimidad. Sobre todo cuando en Colombia el “apego a la ley”, particularmente la ley neoliberal, ha significado tremendas y catastróficas consecuencias en lo económico, social y político. 

Según el diccionario el principio de Legalidad hace referencia al “principio jurídico en virtud del cual los ciudadanos y todos los poderes públicos están sometidos a las leyes y al derecho” Por su parte, la Legitimidad se entenderá entonces como el reconocimiento, aceptación y apropiación de la ley, en otra palabras, algo legítimo es algo socialmente aceptado que convoca el apoyo general. Este concepto no desconoce la idea del sometimiento a la ley que trae implícito el concepto de Legalidad pero si la redimensiona. 

Más allá de las objeciones que uno pueda tener frente a esta visión, particularmente sobre la igualdad “aparente” que otorga la ley (ficticia por lo demás), lo cierto es que pensar la política en términos de Legitimidad permite proyectar, al menos en teoría, una suerte de “voluntad general” realmente democrática que, además de propiciar el reconocimiento de la ley, suscite un acatamiento natural a la misma. 

La distancia entonces entre legalidad y legitimidad reside en el grado de aceptación o rechazo a la norma. Esto en ciencia política remite a la eterna y clásica discusión, sobre que “No todo lo legal suele ser siempre legítimo”, en otras palabras, la clave es preguntarse ¿Cuándo una política es legítima? y ¿Cuándo una política es meramente legal? 

El candidato Mockus enarbola el cumplimiento de la Ley Neoliberal como elemento diferenciador y bandera de campaña. En tal sentido pregunto: ¿Será que los gobiernos Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe I y Uribe II, no se han ceñido a la ley? En cuanto la aplicación de la ley 100 de 1993, por ejemplo, todos coincidieron y rindieron fidelidad a la legalidad impuesta por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Qué diferencia hay entre estos gobiernos y el eje de campaña de Mockus? La verdad, ninguna. 

Tanto unos como otros, todos han sido respetuosos de la legalidad. No ha existido mayor apego a la ley que la que han demostrado los últimos gobiernos en cuanto la aplicación de leyes neoliberales, aún cuando dicha legalidad haya implicado trascender (por no decir agredir) las legítimas demandas, exigencias y necesidades de la población. 

A propósito de la crisis de la salud y los inexequibles decretos de emergencia social promulgados por el gobierno de Uribe II, el candidato Mockus manifestó a la W Radio, con pleno apego a la ley, su apoyo y aceptación a dichos decretos (con muy pocas reservas). Muy a pesar de que miles y miles de personas en plazas y calles de Colombia se manifestaban no solo contra la ilegalidad sino la ilegitimidad de los mismos y contra la misma ley 100. 

Por otro lado, la respuesta del candidato Mockus al tema de las Bases militares Norteamericanas refleja, al igual que en otros tópicos de agenda internacional, total respaldo a la legalidad neoliberal. Frente a la pregunta: ¿Cree que se debe mantener el convenio con E.U. para que militares de ese país puedan utilizar bases colombianas? El candidato verde, a pesar de manifestar dudas al respecto, respondió: “Sí. Ese convenio está vigente y en el marco de la Constitución hay que respetarlo (…)” Esta respuesta me suscita múltiples objeciones de carácter político, puesto que, el tema de la soberanía nacional es un criterio que desborda lo legal y se ubica en el plano de lo legítimo de las naciones. 

La ley 100 de 1993 de salud es legal pero, ¿son legítimos los “paseos de la muerte”? La ley 142 de 1994 de Servicios Públicos es legal pero, ¿son legítimas las exageradas y onerosas tarifas en las facturas? Son legales los Tratados de Libre Comercio con USA y Europa pero, ¿es legítima la quiebra del sector agropecuario, industrial, etc., que ellos propician? Son legales, la flexibilización laboral y las cooperativas asociadas de trabajo pero, ¿son legítimos los pésimos salarios y las inhumanas condiciones de trabajo de miles de colombianos? 

En consecuencia, propongo tener en cuenta tres elementos a la hora de elegir el próximo 30 de Mayo. La primera es precisar las diferencias entre legalidad y legitimidad; la segunda, es apoyar las políticas públicas y las leyes no sólo por su legalidad sino también por su legitimidad y por último, elegir al candidato que en el discurso y la practica defienda auténticamente la democracia, el trabajo, la producción, la soberanía nacional y represente realmente un cambio seguro, como Gustavo Petro, quien hasta el momento, junto al Polo Democrático Alternativo, ha dado pruebas fehacientes de firmeza y gallardía patriótica en defensa de la Nación y sus gentes. 

Frente al caso de la salud y las bases militares norteamericanas, no basta con comportarnos como pasivos subordinarnos a la ley como lo sugiere el candidato presidencial Mockus, sino como personas activas y críticas que cuestionan sobre la legalidad y la legitimidad de estas medidas e imposiciones. 

A 200 años de nuestra independencia, la contienda política y electoral en Colombia exige programas políticos serios, responsables y sobre todo coherentes no sólo con la ley, sino con lo que el país requiere y merece legítimamente.

Políticas de Comunicación: reflexión aplazada, necesidad apremiante

Por: Yeilor Rafael Espinel Torres*

En Bogotá existen entre setenta y uno[1] y ciento trece[2] medios de comunicación comunitarios que, en palabras de Dario Ángel, reúnen a más de mil personas que trabajan, en más de ciento cincuenta organizaciones sin contar las emisoras ni los medios escolares que constituyen importantes semilleros de comunicación, los cuales están constituidos en más de un 80% por jóvenes entre los 16 y 26 años. Esta presencia juvenil se explica por su cercanía al mundo comunicativo y a su participación en colectivos de comunicación que, desde la gestión local, recurren a diversos formatos y medios de comunicación alternativos.

Lo anterior manifiesta la intención de la comunidad y la juventud por participar en el espacio de lo público a partir de ejercicios comunicativos comunitarios. (Radio, prensa, televisión y nuevas tecnologías) También se evidencia, durante los últimos cuatro años, un proceso social e institucional de discusión y apropiación del tema con el objeto de adelantar la construcción de una política pública distrital de comunicación comunitaria.

Plan de desarrollo "Bogotá sin Indiferencia" 2003-2007 -

Ejes para la comunicación
Esta dinámica ha sido potenciada desde diversos sectores de la comunidad capitalina reunidos en la Mesa Bogotana de Comunicaciones. (Grupos, colectivos, individuos, "combos", ONG´s, asociaciones y grupos de trabajo) El proceso fue acompañado, por Planeta Paz, el Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal –IDPAC-, la Fundación Red Social de Medios de Comunicación -RedSocial-, la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central y la Alcaldía Mayor a través del plan de desarrollo "Bogotá sin Indiferencia" 2003-2007, desde dos ejes: el de reconciliación y el de gestión pública humana.

Fuente de Tabla: Documento de propuesta de encuentro distrital de comunicación comunitaria. Proyecto No.3144 "Propiciar espacios de comunicación en las organizaciones sociales"

Este proceso contribuyó en la elaboración y aprobación del Acuerdo Distrital Nº 292 de 2007, “por medio del cual se establecen los lineamientos de política pública, en materia de comunicación comunitaria en Bogotá, se ordena implementar acciones de fortalecimiento de la misma y se dictan otras disposiciones”.

Este Acuerdo busca que la comunidad formule propuestas sectoriales, a través de Mesas de Trabajo. (En radio, prensa, televisión e Internet comunitarios) Esta política de comunicación comunitaria se presenta entonces como un "modelo nacional" de convivencia, participación y desarrollo social, ya que es pionera en política pública en comunicación para Bogotá y para el país. Esta iniciativa, contó con el apoyo de amplios sectores y partidos del Concejo capitalino y fue presentada por el Concejal Gustavo de Roux y Leo César Diago.[3]

A pesar de los avances y de la entrada en vigor de una nueva política pública, se alcanza a percibir múltiples problemáticas; una de ellas está relacionada con la sostenibilidad y continuidad de los procesos comunicativos comunitarios, y otra con el grado de aceptación social y legitimidad de las propuestas hoy aprobadas -Acuerdo Distrital Nº 292 de 2007-.

En primer lugar, los problemas de continuidad y sostenibilidad responden a muchos factores, tales como, la falta de acceso a espacios, herramientas, conocimientos, recursos materiales y financieros mínimos, etc. Carencias y ausencias que dificultan encaminar procesos comunicativos comunitarios y que obligan a revisar las concepciones y actuaciones sociales e institucionales que no permite el desarrollo de los mismos.

Por otra parte, algunos estudiosos consideran que la segmentación por sectores sociales o poblacionales ya genera en si una dificultad que atenta contra la comunicación comunitaria. Puesto que ésta, por naturaleza, es un proceso propio del conjunto comunitario que no debería disolverse en una clasificación técnico-administrativa. "Si miramos, detenidamente vemos que parte de los intereses que se quiere reivindicar desde los procesos de comunicación comunitaria es precisamente el trabajo “articulado, conjunto, solidario, vinculante y organizado”, lo que de entrada riñe con la fragmentación en sectores que propone la visión institucional".[4]

A pesar de esas divisiones y segmentaciones institucionales, se debe reconocer que la juventud es un sector poblacional cuya incidencia no se puede desconocer, ya que su participación política y comunicativa -en lo comunitario-, ha estado integrada al conjunto de lo social a través de expresiones sindicales, estudiantiles, religiosas y culturales. Sector que en su devenir, y al igual que muchos otros sectores, ha enfrentado problemas materiales para su funcionamiento. Además, la diferencia generacional dada en el terreno comunal, genera dinámicas de exclusión natural[5] que obstaculizan los procesos -ya per se difíciles-, de gestión comunicativa, tal como lo mencionara Dario Ángel en su ponencia sobre Actores locales de comunicación durante el foro de medios comunitarios convocado por el IDCT en abril del 2004.

La construcción de una red como esta exige, de igual manera, que todos los miembros tengan validez en ella. Si hay quienes piensan que hay actores más válidos que otros, por antigüedad, por capacidades, por riqueza o por cualquier otra característica, no es posible consolidar los vínculos. Es como si en una familia un hijo fuese más hijo por ser el mayor o fuera merecedor de mejores raciones por ser más fuerte. Pues bien, los jóvenes, y muchos actores de comunicación lo son, deben demostrar antigüedad en este mundo para ser aceptados como socios válidos. Deben demostrar larga experiencia para ser admitidos en las conversaciones. Deben comprobar estabilidad otorgada por el tiempo para ser merecedores de las posibilidades de la estabilidad.[6]

A continuación, desde la perspectiva de la administración distrital y la comunidad, se mencionarán algunos factores que influyen en las problemáticas acá planteada .

Administración Distrital:

Los estudios oficiales parten de la importancia del movimiento de medios comunitarios para señalar los aspectos (necesidades comunitarias) que para ellos (institución) son fundamentales. Centran su preocupación en la ausencia de un marco legal apropiado para esta actividad y desde una perspectiva instrumental –favorable a la institución-, plantean de entrada un condicionamiento altamente problemático y alarmante.

Según el Distrito, si bien existen espacios de intercambio y comunicación entre los diferentes directores y promotores de medios, propiciados por el Distrito, es necesario institucionalizar un espacio que de forma sistemática y permanente permita que quienes se encuentra al frente de los diferentes medios converjan y desarrollen actividades conjuntas de mejoramiento y desarrollo. Reconociendo que, sin duda alguna, ese importante movimiento de Medios Comunitarios, esta fundamentado en la motivación y capacidad de trabajo de sus gestores y directores. De donde se desprende la necesidad para el Distrito de "aprovecharlo" e impulsarlo y en lo posible garantizar su futuro como medios no masivos de comunicación y para ello es necesario contribuir a su sentida inquietud de contar con un marco legal, que trascienda la actual administración Distrital. [7]

Definitivamente la palabra “aprovecharlos” plantearía, desde una lógica instrumental, posibles escenarios de cooptación social. Donde, a partir del pago de pautas publicitarias o apoyos, se facilita la reproducción propagandística institucional, comprometiendo muchas veces la independencia del mensaje comunitario.

Comunidad:

De acuerdo con la priorización dada en diversos diagnósticos participativos, las necesidades comunes a todas las localidades se encuentran, en orden de importancia, las siguientes: la falta de recursos económicos, técnicos y humanos; formación Técnica en producción de medios de comunicación; la articulación de los medios, espacios y/u organizaciones de comunicación local; fortalecimiento de los medios, espacios y/u organizaciones existentes; más organización y gestión de recursos en los medios, espacios y/u organizaciones de comunicación; democratización y circulación de la información; mayor divulgación y difusión de las actividades de la localidad a través de los medios y/o espacios; mayor alcance y cobertura de los medios locales y comunitarios; apoyo Institucional y la promoción de mayor creatividad en los productos comunicativos locales.[8]

Las necesidades comunicativas existentes explican, en parte, los antecedentes y posibles razones de la evidente dificultad que tiene la comunidad para funcionar, sostenerse, mantener vigencia y periodicidad. Además, el grado de aceptación social y legitimidad de las propuestas hoy aprobadas, de los planes, estrategias y proyectos institucionales es reducido, generando un divorcio de intereses entre los comunitario y lo estatal.
La importancia:

Es urgente en Colombia reubicar el debate del desarrollo nacional y las políticas públicas, de tal forma, que se pueda controvertir y revertir el modelo actual que privilegia el crecimiento económico, la concentración de la riqueza y la intervención extranjera. Estos planteamientos nos llevan al terreno teórico de la Comunicación para el desarrollo, pero, ¿Para que tipo de desarrollo?, ¿De qué desarrollo estamos hablando?

Lo primero es rescatar un proyecto nacional de desarrollo, autodeterminado y soberano, aquel que dinamice las fuerzas productivas y la ciencia a través del fortalecimiento no sólo de las estructuras clásicas de la economía sino del ser humano en cuanto a educación y formación política y ciudadana. (Desarrollo Humano)

Es decir, se debe reivindicar un modelo de desarrollo autónomo que tenga como finalidad salvaguardar los derechos y garantías democráticas de los colombianos. En tal sentido se debe entender la comunicación, ya que ésta proyecta las representaciones colectivas sobre los intereses, necesidades y decisiones de progreso de la propia comunidad, integrando diferentes grupos, individuos y actores sociales en la construcción de alternativas posibles de transformación y desarrollo social, en otras palabras la comunicación es un factor definitivo para el fortalecimiento de la democracia.

La política pública en materia de comunicación comunitaria y en muchos otros campos, en síntesis, debe ser la materialización de un modelo de desarrollo específico. "Los enfoques de desarrollo, en general, tienen en común la afirmación de que la realidad debe ser tenida en cuenta. La diferencia entre ellos está en la forma cómo se enfoca esa realidad." (MONTOYA Amanda, 200_) Modelo de desarrollo humano basado en el conocimiento de la realidades y necesidades sociales y comunicativas de la población.

En última, es necesario profundizar conceptualmente y políticamente en los principios, valores y premisas que traen las políticas públicas actuales, para que desde una nueva perspectiva, podamos reconocer los principios acá formulados de soberanía, desarrollo humano y democracia.

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[1] Secretaria Distrital de Cultura, Recreación Y Deporte. Según Investigación sobre los PROCESOS SOCIOCULTURALES DE IMPACTO, INFLUENCIA, USO Y RELACIÓN QUE TIENE LA COMUNIDAD CON LOS MEDIOS COMUNITARIOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ de abril de 2007 (Producido por: APS ESTRATEGIA & INVESTIGACIÓN LTDA. Nota metodológica: La selección de muestra se realizo teniendo en cuenta la participación de los medios en los procesos de fortalecimiento de la administración distrital y su vigencia y periodicidad.

[2] Informe de Resultados Talleres EnREDate en Procesos de Comunicación Participativa 2005 (Proyecto No.3144 "Propiciar espacios de comunicación en las organizaciones sociales"). Nota metodológica: En los encuentros taller se aplicó la metodología Diagnóstico Rápido Participativo a través de la cual, los asistentes priorizaron sus necesidades y manifestaron sus propuestas. A los cuales asistieron 113 medios, espacios y organizaciones de comunicación local, para un total de 184 personas.
[3] Con 26 votos a favor y 3 en contra, fue aprobado el acuerdo 175 y 226 de 2007, por medio del cual se establecen lineamientos de política pública en materia de Comunicación Comunitaria en el Distrito Capital.
[4] Entrevista informal a Andrés Ortiz, Comunicador Social y experto en temas de comunicación comunitaria, quien ha participado del proceso Distrital acá expuesto. 2007
[5] Que se consolidan en lo institucional a través de políticas excluyentes o tutelares.
[6] Ángel, Dario. Ponencia: "Actores locales de comunicación" Foro de medios comunitarios, IDCT en abril del 2004. Pág. 4
[7] Secretaria Distrital de Cultura, Recreación Y Deporte. Según Investigación sobre los PROCESOS SOCIOCULTURALES DE IMPACTO, INFLUENCIA, USO Y RELACIÓN QUE TIENE LA COMUNIDAD CON LOS MEDIOS COMUNITARIOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ de abril de 2007. Pág. 180 y 181
[8] Informe de Resultados Talleres EnREDate en Procesos de Comunicación Participativa 2005. Pág. 4
* Politólogo Universidad Nacional, Candidato a Magister en Estudios Políticos Pontificia Universidad Javeriana, Docente de Planta - Tiempo Completo Institución Universitaria INPAHU, Investigador Académico y Consultor Político.

Setenta años del Bombardeo de Guernica

EL pasaso 26 de abril se conmemoró setenta años del fatídico Bombardeo de Guernica. Ataque aéreo realizado el 26 de abril de 1937 por la Legión Cóndor -apoyo de la Alemania Nazi a las tropas de Franco-, contra la población vasca de Guernica durante la Guerra Civil Española. Inhumano despropósito que tenía como objetivo aterrorizar a la población civil, desmoralizar y debilitar al bando republicano.

El "ABC" del ALCA y TLC con Estados Unidos. Implicaciones para Colombia.

ALCA y TLC es el debate más importante hoy en Colombia. Las implicaciones de estos para el país son apenas comparables con las generadas por 4 hechos históricos:

1492 Conquista española
1819 Independencia de los españoles
1903 Robo Canal de Panamá
1948 / 9 de Abril asesinato de Gaitán
ANTECEDENTES INTERNACIONALES:

Caída del Muro de Berlín, Desmoronamiento del Bloque Soviético, Hegemonía Norteamérica.
NEOLIBERALISMO y GLOBALIZACIÓN
CONSENCO DE WASHIMGTON 1989

Austeridad Fiscal
Privatizaciones
Liberalización de mercados
Bienes
Servicios
Capitales

APERTURA ECONOMICA César Gaviria 1990

“...abrir la economía, importar una serie de bienes que se pueden conseguir en el exterior a menores precios, pero a cambio la economía se va a modificar, va a haber un cambio en la estructura de la economía, de manera que lo que ustedes pierden por las importaciones lo van a ganar con creces a través de las exportaciones.” SARMIENTO PALACIOS 1999
MODELO EXPORTRADOR PARA EL DESARROLLLO

Fundamento teórico de la apertura económica y el neoliberalismo comercial.

Tres principios:

1. Modelo económico Equilibrio General
   Instrumento para decidir prioridades asignación de recursos.
2. Cantidad de trabajo como factor para aumentar valor agregado
   Ventaja comparativa. (Recursos naturales baratos, Impuestos bajos o inexistentes y Mano de obra barata)
3. Teoría del comercio exterior dinamizador de la economía nacional.
   Agotamiento del mercado interno. Lo que perdemos por la Importaciones lo ganamos por la exportaciones.

EFECTOS DEL CONSENSO DE WASHINGTON

• Preocupante y creciente deuda externa 52.1% del PIB.
• Un déficit fiscal causado, fundamentalmente, por los excesivos compromisos pagados por concepto de intereses y amortización de la deuda externa por ejemplo: por concepto de intereses y amortizaciones de la deuda externa se destina un 41.85% del presupuesto nacional. (MIN. HACIENDA 2003)

EFECTOS DE LA APERTURA ECONOMICA

• La desaparición de estas 700mil hectáreas (Hoy 1.200.000 hectáreas) no cultivadas en su mayoría cereales, que produjo que 300 mil campesinos quedaran desempleados en las áreas agrícolas.
• En la practica El país terminó importando más de lo exportado de 1990 al 2001 pasó de comprar 700.000 toneladas de productos agropecuarios a 7.000.0000
• Importaciones Agropecuarias incrementaron en 479%
• Importaciones Agropecuarias alimentos procesados increment5o en 524%
  
  15 AÑOS DE APERTURA DEJA:

Colombia de 42 millones de habitantes cuenta con:
27 millones se encuentran por debajo de la línea de la pobreza,
11 millones se encuentran en la indigencia
7 millones carecen de empleo
13 millones se encuentran subempleados.
¿QUE ES EL ALCA? o TAMBIÉN LLAMADO TLC

El ALCA, es el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas. Este busca la conformación de un mercado desde Alaska hasta Tierra del Fuego en Chile, cuyo interés e iniciativa principal la tiene el gobierno Norteamericano, el cual pretende que 33 países más, procedan a la eliminación de cualquier obstáculo arancelario que tengan, produciendo una Zona de Libre Comercio. El primer antecedente de éste, se presentó en 1.990 cuando el presidente George Bush (Padre) presentó en la política exterior estadounidense la Iniciativa para las Américas. Esta planteaba inicialmente, expandir la inversión de capital Norteamericano en América Latina.
TLC

Es un tratado de libre comercio firmado entre dos a mas países que tiene como fin la desgravación total arancelaria para el comercio de bienes y servicios y garantizar libre flujo de capitales.
La diferencia entre ALCA y TLC con Estados Unidos radica en: numero de países vinculados y los plazos de ejecución. Mientras el primero se firmaría para el 2005 el TLC según se desenvuelva las negociaciones puede ser en menos tiempo. La iniciativa del TLC surge como producto de las contradicciones entre los 34 países en discusión, las posiciones de Argentina, Brasil y Venezuela (las mas grandes economías de Sur América), “ALCA a la carta”, “ALCA Light”, u “oposición”, produjo un cambio en la táctica Norteamérica saliéndose un poco de la iniciativa hemisférica optando por TLC bilaterales. Es decir conseguir un ALCA amanera de una sopa de TLC`s
¿POR QUE LOS ESTADOS UNIDOS PROMUEVEN EL ALCA Y EL TLC?

Peter Rosset, Codirector del Food First-Institute, explica las intenciones del ALCA: “...habrá que entender bien que Estados Unidos busca lo mismo de todos los países; abrir sus mercados para que las empresas extranjeras puedan conquistarlos, desplazando a los productores nacionales de sus propios mercados.”

ALCA y TLC una necesidad comercial Norteamericana: Crisis de sobre producción o caída de la tasa de ganancia. En este sentido no es un proceso de integración sino de anexión económica.
Los temas de negociación son:

1. Acceso a mercados (Reducción y eliminación de aranceles, identificación y eliminación de restricciones no arancelarias, implementación de normas de origen –mecanismos de producción-, estandarización de normas aduaneras, salvaguardias transitoria sobre productos)
2. Servicios (SPD, transportes, turismo, comunicación, construcción a los seguros a la computación e informática, franquicias, educación salud, culturales, audiovisuales, comerciales, ambientales –saneamiento básico como servicio ambiental-)
3. Agricultura (eliminar aranceles, subsidios y se establecen algunas salvaguardias)
   Inversión extranjera (dar una legislación para los capitales extranjeros en condiciones nacionales).
4. Compras del sector público (Bienes y servicios que entran a la subasta publica para proveedores)
5. Solución de controversias (creación de instancias o tribunales de arbitramento supranacionales)
6. Propiedad intelectual (Leyes transnacionales para la protección de los derechos intelectuales; medicamentos, biodiversidad, cadenas genéticas, variedades agrícolas, procedimientos médicos, etc.)
7. Subsidios anti-dumping y derechos compensatorios (controlar los efectos producidos por exportaciones por debajo de los costos)
8. Políticas de competencia (políticas que garanticen el libre mercado y que eviten practicas empresariales de alianza que plantee desigualdad básica) –las multinacionales por sus ventajas de escala ya establecen la desigualad básica-
   
   ¿QUE ES UN ARANCEL?

Es un impuesto a la importación.Si para un producto es de 50%, quiere decir que para 100 dólares importados se le tendrá que agregar 50 del impuesto. Luego esta importación ya no cuesta 100 sino 150.De los aranceles depende que el país se inunde o no de productos importados.La propuesta en el ALCA y TLC es la desgravación progresiva de aranceles hasta llegar a cero al 2015.
HASTA ACÁ SE PERCIBE QUE ES MAS DE LOS MISMO, MAS IMPORTACIONES, MAS APERTURA.
En la actualidad en términos de aranceles encontramos que:

Cerdo 76%, Pollo184%, Leche entera 70%, Trigo 48%, Aceite de palma 105%, azúcar blanco 98%, arroz 82%.
CUANDO EL ALCA LOS LLEVE A CERO, estarán condenados a desaparecer. Citar caso arroz producto mas protegido en el mundo.
POR QUE NO PODEMOS COMPETIR

ASPECTOS GENERALES del TLC con Estados Unidos
(Diferencias Asimétricas)
Cifras macroeconómicas: (Periódico Portafolio, 2003)

Diferencias asimétricas: Ejemplo: Estados Unidos destina US$ 100.000 millones al año a financiar al Secretaria de agricultura, mientras que Colombia solo destina US$ 61 millones. Es decir 1.639 veces menos. En términos agropecuarios el ALCA y TLC con Estados Unidos plantea serios problemas para Colombia. En la medida en que compitamos con ellos en estas condiciones nos veremos forzados a replegarnos.
Por más que argumenten que se podrá comprar alimentos baratos una vez nuestro agro sea destruido el problema que subyace en este tema es el de la SEGURIDAD y SOBERANIA ALIMENTARIA. Vernos forzados a importar la comida es un problema de soberanía.
Por ejemplo al respecto piensa, George Bush:

“ Es importante para nuestra nación cultivar alimentos, alimentar a nuestra nación. ¿Pueden ustedes imaginar un país que no fuera capaz de cultivar alimentos suficientes para alimentar a su población? Sería una nación expuesta a presiones internacionales, una nación vulnerable, y por eso cuando hablamos de agricultura norteamericana en realidad hablamos de una cuestión de seguridad nacional” Congreso Norteamericano 2002
Los amigos del ALCA y TLC, reconocen esto y proponen que reemplacemos la producción nacional de dieta alimenticia básica y nos dediquemos a cultivar productos tropicales. Colombia comparte la zona tropical del mundo con 90 países productores o potencialmente productores de alimentos tropicales dificultando la competencia. Sería irresponsable hacer una estrategia comercial solo con base unos cuantos productores a costa de la perdida de múltiples sectores vertebrales de la economía nacional.
Esto en cuanto a la agricultura pero lo que complica aún más el panorama es que esta iniciativa Norteamericana pretende cubrir de igual forma todos los capítulos económicos, políticos y hasta culturales de la nación. No habrá sector de la economía que se salve.
SECTORES INCLUIDOS EN EL MODELO (DNP)

La actividad productiva en cada país o zona económica se agrupa en los siguientes 10 sectores. El sector agrícola se subdivide en tres subsectores: i) cereales; ii) aceites, otros cultivos, leche, azúcar y iii) resto de sectores agrícolas. Los sectores no agrícolas son: i) energía y minería, ii) cuero y manufacturas conexas y maderas, iii) productos alimenticios, carne bovina y otras carnes, iv) textiles, v) otras manufacturas, vi) servicios y viii) construcción.
El DNP en un estudio sobre los impactos del TLC con Estados unidos afirma:
Los sectores sobre los cuales Estados Unidos presenta ventajas competitivas y que muy seguramente con la eliminación de la protección arancelaria afectarían la producción doméstica están relacionados con la fabricación de maquinaria y equipo; madera; algunos alimentos; hilados y fibras de textiles; algunos productos químicos; derivados del petróleo y del carbón; cauchos y plásticos como también los dedicados a la fabricación de productos metálicos.
IMPLICACIONES DEL TLC EN LA ECONOMIA (DNP)
Señala también que el Cambio en el Bienestar para Colombia
Con el TLC es de 0.79%, el ALCA 0.23% y muestra el caso Chileno el cual garantizo un -0.01% de bienestar social.
La pérdida de ingresos por la reducción de aranceles asociadas al libre comercio es significativa en los escenarios de acuerdos bilaterales o multilaterales. Para Colombia sería de -590.6 y con el ALCA de -806.5 Vació que seria llenando a través de aumentos tributarios. Reforma tributaria IVA 4% alimentos canasta familiar, aumento del 12% al 16% en otros productos y la posibilidad de elevar el techo tributario del 16% al 18%
EL ALCA Y TLC CON EE.UU. EDUCACIÓN SUPERIOR
El ALCA y TLC con EE.UU en una de sus áreas temáticas incluye los servicios, cuyo objetivo es el de “Liberalizar las áreas de pensiones, educativa y sanitaria, removiendo las barreras existentes”. Aquí aparecen la salud, la educación, SPD, etc. Tal como se evidencia en las negociaciones del GATS, Acuerdo General para el Comercio de Servicios, en el marco de la Organización Mundial del Comercio. OMC.
Por ejemplo, del comercio global de servicios, el 3% esta representado por el comercio de “servicios de educación superior”. Para Estados Unidos este renglón ocupa el quinto lugar en sus ofertas comerciales de servicios. Esto demuestra que es un mercado en expansión para los que cuentan con el desarrollo tecnológico de la información y las telecomunicaciones. Es decir, bienvenidos a la era de la oferta de programas en la modalidad “virtual”. Concepción educativa a tono con el proceso recolonizador imperante bajo la égida de la globalización.
En este orden de ideas, por ejemplo: serían instituciones como Hardvard o Yale las encargadas de impartir la educación superior en Colombia, sacando del juego, obviamente a nuestras instituciones públicas y privadas.

LAS RONDAS DE NEGOCIACION
Fecha y lugar de las rondas de negociación programadas para el año 2004. En el transcurso de este año se realizaron cinco rondas de negociación, de las ocho programadas. El objetivo, fue discutir los temas que cada país esta dispuesto a negociar dentro del tratado y las normas que regirán la anexión comercial.

• La primera ronda Cartagena el 18 y 19 de mayo, está ronda fue el inicio de la negociación.
• Las negociaciones comenzaron en forma en Atlanta, Estados Unidos, del 14 al 18 de junio.
• Se definió que la tercera ronda se realizaría, del 25 al 28 de julio, en Perú. (Agosto es un mes para repasar, revisar y evaluar lo que se haya hecho hasta ese momento y por esto no habrá reunión de los negociadores.)
• La cuarta cita Puerto Rico, del 10 al 15 de septiembre, y
• Ecuador en octubre 25.
• En noviembre, por las elecciones en Estados Unidos la ronda se aplazaó del 13 al 17 de diciembre.

Aspectos de la negociación

• EE.UU y la negociación de “yo con yo”
• Se entregó grandes y valiosas partes de la economía colombiana a cambio de un trato preferente de acceso al mercado norteamericano de bienes que ya exportamos. ATPA y ATPDEA.
• Tener en cuenta los mas de 100 acuerdos comerciales que EE.UU. tiene.
• EE.UU. veta negociadores
• EE.UU. Presentó tarde las ofertas
• Adelanta peticiones sin medida.
• Exigencia del tribunal de arbitramento
• La farsa del cuarto de al lado.
• Uribe y la política del “Yes sir”.

CONCLUSIONES

1. El TLC es la profundización del neoliberalismo, la globalización norteamericana y el consenso de Washington.
2. No podemos competir. Asimetrías económicas.
3. El TLC no es integración sino anexión económica.
4. El TLC no se puedo Negociar.
5. La salida sería la UNIDAD Y RESISTENCIA CIVIL de la poblacion colombiana para rechazar la discusion en el Congreso Colombianao y evitar su entrada en vigencia. Exigiendo al Estado, además, el fortalecimiento del mercado interno. Esto no significa cerrarse, es apostarle a fomentar el autoconsumo, en otras palabras, “El día que garanticemos que nuestros campesinos dejen de heredar su camisa de generación en generación y cada uno compre una, se reactivara la industria textilera”, el asunto es importar lo que hace falta y exportar lo que sobra, no al contrario.

Proceso de Educación Organización y Movilización frente al TLC.

Hoy por hoy, el ALCA y TLC con los Estados Unidos de Norteamérica es el tema más importante en Colombia. Para tratar este tema se debe tener como línea metodológica de exposición los cambios políticos y económicos que en el concierto internacional y nacional sucedieron a partir de 1989 y las diferentes transformaciones político-económicas en Colombia durante los últimos 17 años como antecedentes al ALCA y TLC.
La estructura expositiva de la conferencia cuenta con 5 tópicos desarrollados coherentemente interrelacionados entre sí, estos son:
1. Antecedentes Internacionales (Consenso de Washington 1989),
2. Antecedentes Nacionales (Constitución 1991 y Apertura Económica),
3. ¿Qué es el ALCA? (Descripción y implicaciones),
4. ¿Qué es el TLC? (descripción e implicaciones) y
5. Conclusiones.
El contenido de la misma, despliega análisis políticos y económicos alrededor del tema en una forma clara y asequible. Haciendo pedagogía no solo en la iniciativa hemisférica sino en criterios, conceptos y políticas de economía; esclareciéndolos a partir de ejemplos, casos y cifras concretas. De requerirse, el tema se extendería en sesiones especificas sobre: TLC y sector agropecuario, TLC y Bogotá, y mucho más.